Cooperación público-privada: lo que debemos hacer para cerrar la brecha en infraestructura

En el Sur Global, donde las infraestructuras son limitadas, la demanda de inversión supera los niveles actuales, necesitando más de 2 billones de dólares anuales para apoyar el crecimiento previsto del PIB en los próximos 15 años. La financiación pública resulta a menudo insuficiente, lo que provoca una mayor participación del sector privado para colmar el déficit de inversión. Un reciente taller organizado por MobiliseYourCity Partnership durante la Mesa Redonda organizada por el HSC en Bruselas en abril se centró en la movilización de capital privado para proyectos de transporte, especialmente en los Global Gateways Transport Corridors. Los participantes subrayaron el papel fundamental de la participación del sector privado para resolver los déficits de infraestructuras e impulsar el desarrollo socioeconómico.   

Apoyar una gobernanza eficaz es crucial para fomentar la inversión del sector privado en infraestructuras de transporte. Una gobernanza sólida garantiza la estabilidad, la previsibilidad y la transparencia, infundiendo confianza entre los inversores. En entornos con una gobernanza sólida, los agentes del sector privado tienen la seguridad de que sus inversiones estarán protegidas, los contratos se cumplirán y las normativas se aplicarán sistemáticamente. Una gobernanza eficaz acelera la aprobación de proyectos, la obtención de permisos y la adquisición de terrenos, agilizando la ejecución general de los proyectos. Unas políticas previsibles refuerzan aún más la confianza de los inversores, permitiéndoles evaluar la viabilidad a largo plazo sin cambios normativos repentinos. Dar prioridad a la gobernanza es vital para atraer inversiones privadas y construir redes de transporte sostenibles que beneficien tanto a los ciudadanos como a los inversores. Mejorar las capacidades de gobernanza tanto a nivel local como nacional es fundamental para fomentar la participación del sector privado y garantizar un desarrollo sostenible de las infraestructuras. Además, la claridad jurídica, incluidos los procedimientos transparentes de adquisición de tierras y los mecanismos de resolución de conflictos, es esencial para proporcionar la certidumbre que fomenta la inversión y facilita la participación del sector privado en los proyectos de infraestructuras.   

El desarrollo de modelos de ingresos financieramente sostenibles para el transporte público es fundamental, especialmente en el Sur Global, donde las ciudades subvencionan en gran medida las tarifas. Sin embargo, los elevados niveles de deuda pública plantean riesgos políticos y de ingresos para la participación del sector privado, limitando las oportunidades de inversión en infraestructuras. Este reto dificulta que los operadores privados cubran costes y generen beneficios, lo que pone de relieve la necesidad de equilibrar unas tarifas asequibles para los pasajeros con la viabilidad financiera para los inversores. Abordar el déficit de financiación, especialmente en proyectos con limitaciones de reembolso, requiere mecanismos de financiación innovadores y acuerdos de riesgo compartido. Los agentes del sector privado necesitan un entorno estable y predecible para comprometerse con capital a largo plazo, lo que subraya la importancia de que los modelos de ingresos garanticen la rentabilidad al tiempo que ofrecen opciones de transporte accesibles y asequibles para los ciudadanos.   

El refuerzo de la capacidad de asignación de riesgos de los gobiernos locales es crucial, especialmente en los proyectos de transporte público percibidos como inversiones más arriesgadas. A los inversores les preocupan las injerencias políticas, los cambios en los patrones de demanda, los choques imprevistos como las pandemias, y los riesgos financieros como los costes iniciales, los retrasos y la incertidumbre sobre los ingresos. La asignación de estos riesgos, incluidos los factores climáticos, requiere sólidos marcos de gobernanza y mecanismos de distribución de riesgos. Definir estos mecanismos es difícil, pero esencial para el éxito de las asociaciones público-privadas. Además, la asignación de riesgos debe tener en cuenta la equidad social, garantizando que el transporte público beneficie a las poblaciones de bajos ingresos. Es necesario equilibrar el ánimo de lucro con el impacto social. Así pues, la mejora de la capacidad de los gobiernos locales implica abordar los riesgos financieros y operativos al tiempo que se integran consideraciones de equidad social en las decisiones de asignación de riesgos, fomentando sistemas de transporte público sostenibles e inclusivos para todos.   

Los problemas de adquisición de terrenos y derechos de paso dificultan la expansión de las infraestructuras de transporte público. La adquisición de terrenos para proyectos es compleja y costosa, y a menudo implica litigios. Los inversores necesitan claridad sobre los derechos de propiedad y la compensación, mientras que la participación temprana de la comunidad es crucial para abordar las preocupaciones. Los procedimientos transparentes son vitales, ya que garantizan que las partes interesadas comprendan sus derechos, que la compensación sea justa y que los pagos rápidos mitiguen las disputas. La transparencia fomenta la confianza y reduce los conflictos, y para atraer inversiones del sector privado e impulsar el desarrollo socioeconómico es necesario un enfoque holístico que incluya políticas gubernamentales y la participación de la comunidad.   

Abordar el déficit de infraestructuras en el Sur Global exige la colaboración entre los sectores público y privado. El taller hizo hincapié en la necesidad crucial de una gobernanza eficaz, modelos de ingresos sostenibles, asignación de riesgos y adquisición transparente de terrenos. Dando prioridad a estos elementos y facilitando un entorno propicio para la inversión del sector privado, las naciones del Sur Global pueden colmar la brecha de infraestructuras, impulsar el desarrollo socioeconómico y mejorar la vida de millones de personas.